Las comunidades andan tiesas. Más tiesas que la mojama. La fiesta del gasto en la que se ha instalado España desde que gobierna Pedro Sánchez, el pago de los fastos y las promesas electorales, y el crecimiento desmesurado del coste de las facturas están haciendo mella en las arcas autonómicas hasta el punto de que pocas de estas administraciones serán capaces de cumplir el objetivo de déficit a final de año, como vaticinan ya los servicios de estudios de diferentes entidades y organismos económicos. Desde luego, la situación de partida no ayuda a paliar el desaguisado. El aumento de la recaudación impositiva no compensa la insuficiencia presupuestaria con la que arrancan la mayoría. Una insuficiencia agravada especialmente en el caso de la Sanidad, que absorbe alrededor del 40% de las cuentas públicas autonómicas cada ejercicio.
Pese a que el PSOE ha prometido varias veces destinar un 7% del PIB a este área social -la última, en el acuerdo de investidura ofrecido hace días a Unidas Podemos-, lo cierto y verdad es que la cantidad comunicada por el Ejecutivo socialista a Bruselas en las sucesivas actualizaciones del Plan de Estabilidad alcanza apenas un 6%, la misma que regía en los tiempos del PP. Se trata de un porcentaje insuficiente para afrontar una avalancha de costes estructurales que crece como si fuera una bola de nieve. Costes como el alza salarial aprobada para los empleados públicos y la factura en medicamentos, que se incrementa a un ritmo del 7% en hospitales, muy por encima del crecimiento de la actividad económica.
Como es natural, estas turbulencias financieras van a desatar tensiones políticas entre las administraciones afectadas y el Estado, que se encuentra en un callejón sin salida. Mientras dilatan los pagos a los proveedores, como hicieron durante el estallido de la crisis, las comunidades reclaman al Gobierno que libere los anticipos a cuenta que les corresponden como parte del sistema de financiación.
La respuesta del Ministerio de Hacienda es que se encuentra en funciones, y que la Abogacía del Estado pone pegas a que un Ejecutivo en funciones proceda al reparto de estas cantidades millonarias. Por mucho que los feudos regidos por el PP se desesperen y carguen contra el PSOE, conviene recordar que el argumento de María Jesús Montero es el mismo que esgrimió Cristóbal Montero cuando los populares eran los que gobernaban y los socialistas estaban en la oposición. La tensión irá, en cualquier caso, creciendo y será protagonista de los debates sanitarios hasta que finalmente se afronten los pagos. Este panorama aterrador de angustia financiera será una de las herencias que tendrá que afrontar el futuro Gobierno, si es que algún día llega a conformarse. Mientras tanto, las autonomías seguirán tiesas. Más tiesas que la mojama.
PREGUNTAS CON RESPUESTA
¿Cuánto presupuesto perderá la CESM, tras la marcha de su órbita del Sindicato Médico Andaluz, que se suma a la de otros sindicatos autonómicos? ¿Qué personaje es uno de los principales responsables de la grave crisis que atraviesa la confederación?
¿Qué alto cargo del Ministerio de Sanidad ha logrado convencer con su discurso incluso a sus homólogos autonómicos de comunidades del PP? ¿Por qué?
¿Cuánto le costarán al Estado las nuevas indicaciones que van a financiarse de algunos anticuerpos monoclonales que ya están en el sistema?
¿Qué mutua ha perdido su primera batalla judicial contra uno de sus ex empleados?
Autor Sergio Alonso
Fundador y director del suplemento A tu salud del diario LA RAZÓN