El Ministerio de Sanidad español debe saber más que la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Gobiernos de media Europa. De lo contrario, no se entiende la campaña de acoso y derribo que Carolina Darias y su equipo han desatado contra AstraZeneca, con la inestimable ayuda de la cúpula del Instituto de Salud Carlos III. Es cierto que la multinacional anglosueca ha actuado de forma impresentable al entregar a la Unión Europea (UE) muchas menos dosis de las prometidas.
Fabricar en territorio comunitario millones de sueros con el fin de enviarlos fuera mientras los países del continente se las ven y se las desean para cumplir los objetivos vacunales que trazaron en base a las cantidades pactadas previamente es inadmisible y debe tener consecuencias judiciales. Quien quiebra el principio de Pacta Sunt Servanda ha de ser castigado por ello, como marcaba el Derecho Romano y hoy recogen todas las legislaciones.
Pero una cosa es apoyar a Bruselas en su guerra sin cuartel contra AstraZeneca e incluso jalear a la Comisión para que actúe manu militari en los tribunales, y otra muy distinta es poner en duda la seguridad de su suero contra el COVID-19, algo que no hacen ni el regulador europeo ni las agencias del medicamento de otros países. ¿Se han producido casos de trombos en jóvenes vacunados con el producto de la farmacéutica? Sí. ¿Existe relación causa-efecto entre su administración y los efectos adversos detectados? A día de hoy, no.
La EMA sigue insistiendo en que la relación beneficio-riesgo acredita la seguridad del antídoto y recomienda fervientemente a los que tomaron la primera dosis que completen la inmunización con una vacuna de la misma marca de acuerdo con los criterios que se marcan en la ficha técnica ¿Por qué ese empecinamiento contra AstraZeneca de las autoridades españolas, que apuestan claramente por Pfizer? De todo hay, como en botica.
Algunos opinan que son razones geopolíticas las que mueven a Sanidad y al propio Gobierno en su defensa del producto de la multinacional americana. Otros hablan de intereses difusos, por no decir oscuros. Los hay también que apuntan a que la falta de dosis suficiente para cumplir las pautas han empujado al Ministerio a este callejón sin salida y sin sentido. Finalmente, unos pocos creen que detrás de todo está el temor a que el suero sea más peligroso de lo que se dice y le toque al Estado cargar con posibles indemnizaciones. Sanidad se ha buscado como coartada un ridículo ensayo de apenas unos cientos de pacientes y la complicidad del mismo Comité de Bioética al que ninguneó con la ley de la eutanasia. El problema del Ministerio es que su credibilidad es tan nula después de la pésima gestión realizada durante la pandemia, que la población está pidiendo AstraZeneca y no Pfizer.
PREGUNTAS CON RESPUESTA
¿Qué opinan realmente los trabajadores del Instituto de Salud Carlos III del rigor científico del ensayo clínico sobre el cruce de vacunas de AstraZeneca y Pfizer?
¿De dónde arranca la conexión entre Raquel Yotti, del Carlos III, y Pilar Aparicio, directora general de Salud Pública?
¿Qué otra mujer que ocupa un alto cargo, además de María Jesús Lamas, demuestra sensatez en el Ministerio de Sanidad?
¿Qué consejero de Sanidad del PSOE considera también absurdo que se pida un consentimiento informado para administrar la segunda dosis de AstraZeneca y cree que se podría estar vulnerando la ley al hacerlo?
Autor Sergio Alonso
Fundador y director del suplemento A tu salud del diario LA RAZÓN