Los profesionales de enfermería andaluces viven una situación más que complicada desde que el Servicio Andaluz de Andaluz se pronunció acerca de la aplicación del nuevo Real Decreto 954/2015 sobre prescripción enfermera, en vigor desde el pasado 24 de diciembre. Por si las cosas no fueran lo suficientemente complicadas con un RD que ata de pies y manos a la enfermería, la dirección gerencia del SAS repite en sus escritos, una y otra vez, que el texto aprobado por el Gobierno del PP, ahora en funciones, no hay que aplicarlo y que el que hay que seguir acatando es el Decreto 307/2009, que define la prescripción enfermera en Andalucía.
Además, el SAS no solamente es que recomiende que se cumpla el Decreto andaluz para incumplir el Real Decreto, no, va más allá. Exige que las enfermeras sigan prescribiendo de la misma manera que lo hacían antes de que entrara en vigor la normativa estatal, aún a riesgo de que puedan cometer posibles delitos de intrusismo profesional. Pero ahí no acaba todo, la dirección gerencia del SAS, de la que es responsable José Manuel Aranda, ha dado una orden para asegurarse de que todo se hace según los preceptos de la Consejería de Salud: pide a los directores de los centros en un escrito que identifiquen a aquellos profesionales que se nieguen a cometer la ilegalidad de seguir un Decreto que queda en su mayor parte derogado con la entrada en vigor del nuevo RD.
Y a estas presiones se suman la inseguridad jurídica a la que, por sí mismo, avoca el Real Decreto si no se sigue a rajatabla. Ahí, entre la espada y la pared es donde quedan colocados los enfermeros y enfermeras andaluces, expuestos entre la responsabilidad de asumir una norma nacional vigente, que es la que realmente están obligados a cumplir, y la imposición de la Junta de Andalucía que, a la fuerza, determina por su cuenta y respeto que lo que hay que hacer es lo que dice su Decreto, sin reconocer siquiera que ha quedado obsoleto.
Ni el CAE, ni la Organización Colegial de Enfermería, ni la Mesa de la Profesión estamos de acuerdo con la nueva normativa estatal en vigor; sin embargo, lo que no podemos hacer es saltarnos a la torera una ley nacional, por todas las consecuencias que ello conlleva, de cara a la seguridad tanto de profesionales como pacientes. Hacer lo contrario de lo que dice un Real Decreto está penado. De esto nos advierte la propia ley, nos ha avisado el Tribunal Supremo, el Consejo General de Médicos vigilará su cumplimiento y la aseguradora Zurich, que casualmente es la misma compañía con la que Consejo General de Enfermería y SAS tienen contratada la póliza de responsabilidad civil profesional, ya ha informado de que no cubrirá aquellas actuaciones enfermeras que no se ajusten a la legalidad.
Por todo esto, tenemos que cumplir la nueva norma a rajatabla. Frente a ello, nos oponemos totalmente a la postura adoptada por la Consejería de Salud, y aprovechamos estas líneas para pedirle a sus responsables que recapaciten, valorando si merece la pena poner contra las cuerdas a sus enfermeros y enfermeras.
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