Las agresiones a los profesionales sanitarios se han convertido en un verdadero problema de Estado en España. En 2023, se notificaron 2.840 ante el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería y 769 ante el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, y los números no paran de crecer. Las razones son múltiples. Por un lado, cada vez hay más trabajadores que renuncian a guardar silencio y se atreven a denunciarlas.
Por otro, impacta la situación intrínseca que sufre la sanidad, con escasos medios para atender cada vez a más pacientes, lo que complica la praxis y dispara las esperas en la atención, los diagnósticos y las soluciones terapéuticas. También influye la transformación que está experimentando la sociedad, más informada, más exigente y más radical que hace diez años, y probablemente también más neurótica. Lejos de atenuar la tendencia creciente de casos, la pandemia los ha exacerbado.
Los aplausos en los balcones a los sanitarios por su lucha denodada contra el virus han pasado al olvido y se han transformado en un aumento de las reivindicaciones que un grupo pequeño de pacientes o familiares exaltados canaliza a través de insultos y ataques en consultas y pasillos de hospitales y centros de salud. ¿Qué están haciendo las autoridades sanitarias y los partidos políticos para revertir esta situación? Más bien poco. Convertir a los sanitarios en autoridad para que las agresiones acarreen incluso penas de cárcel estuvo muy bien, pero el tiempo y los datos han demostrado que no es suficiente. Hacen falta más medidas y menos disensos. Y sin pérdida de tiempo.
El pasado martes 11 de febrero, los grupos del Congreso de los Diputados rechazaron tomar en consideración una proposición de ley presentada por el Grupo Popular para contar con un marco regulatorio más específico que proteja a los profesionales del sector y refuerce su seguridad ante posibles situaciones de violencia, una reivindicación del sector. No es el propósito de este artículo exaltar a algunos partidos políticos ni reprobar a otros, pues sus razones tendrán los que lo hicieron para tumbar la iniciativa legislativa, pero sí lo es el de apremiar a todos ellos a alcanzar un pacto porque la gravedad de la situación lo requiere y porque lo que les une en este particular asunto es sin duda mucho más que lo que les separa.
Ante las agresiones a los trabajadores no hay izquierdas ni derechas, nacionalismos ni centralismos. Sólo caben soluciones, y cuantas más, mejor, sin olvidar actuar también sobre las causas con más presupuestos y más campañas informativas apelando al civismo, y recordando las sanciones a los posibles infractores. Está claro que sin más medios, más personal, mejores ratios y mayor agilidad administrativa en la asistencia de las enfermedades difícilmente se pondrá fin a esta lacra. Los partidos deben dejar la política y alcanzar consensos.
PREGUNTAS CON RESPUESTA
¿Qué persona del séquito de Pedro Sánchez tiene buena opinión de Mónica Garcia pero no tan buena de Javier Padilla? ¿Por qué?
¿Qué dolió más en el Ministerio, que la OMC participara en la protesta contra el Estatuto Marco o que lo hiciera Amyts?
¿Qué alto directivo de un hospital exaspera a todo el mundo porque no lee ni contesta los correos electrónicos?
¿Qué dos laboratorios han deslizado su interés por fichar a una mujer que trabaja en otro por la gran labor que está haciendo?
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