En el arranque de los años noventa, cuando ni siquiera llegaban a barruntarse aún en el horizonte los nubarrones de una crisis que a punto ha estado de llevarse por delante todo el Sistema Nacional de Salud, las mentes pensantes de la farmacia alumbraron una idea que buscaba apuntalar su profesión y, de paso, comerle una porción de pastel al colectivo médico, su gran rival sanitario en aquel momento.
Eran tiempos de bonanza económica, pero también de tambores de guerra con los ecos de una liberalización en ciernes promovida por Europa, que contaba con fieles adeptos entre algunas autoridades españolas. Fruto de todo aquello fue el invento de la llamada “atención farmacéutica”, un sistema que permitía a los boticarios realizar el seguimiento farmacológico de pacientes atendidos previamente por el médico con el fin de identificar administraciones y efectos adversos, interacciones medicamentosas y el grado de adhesión a los tratamientos.
La farmacia dejaba de ser un mero agente dispensador de fármacos para convertirse en un agente activo en el seguimiento del enfermo, convirtiéndose así en el brazo extensor del médico en los hogares, y blindándose frente a las críticas de los que las tildaban como meras expendedoras de productos, entre ellos los liberalizadores miembros de la Comisión Europea. Después de completarse las pertinentes pruebas piloto -una de ellas un sonoro fracaso convenientemente silenciado en un área de Madrid-, la llegada de la crisis obligó de nuevo a las farmacias a reinventarse.
Muchas consejerías pagaban tarde y mal, y el precio de los medicamentos dispensados bajaba por mor de las políticas farmacéuticas restrictivas y la generalización de los fármacos de administración exclusiva hospitalaria. Es en ese momento cuando la atención farmacéutica avanza un paso y evoluciona hasta la “farmacia comunitaria”. Su filosofía es que las boticas no sólo pueden reforzar la atención sanitaria allá donde el sistema no llega, sino que, además, ha de cobrar por estos servicios, completando así unos ingresos muy mermados por la crisis.
El nuevo modelo, dibujado en Madrid, triunfó en algunas comunidades y su éxito progresa de la misma forma que invade supuestamente competencias de otras profesiones más conservadoras a la hora de adaptarse a los nuevos tiempos. Éste es el germen de una guerra que amenaza con enfrentar a la enfermería con los farmacéuticos y en la que permanecen callados sorprendentemente los médicos, mucho más lentos siempre a la hora de reaccionar ante estos menesteres.
La Enfermería piensa que la farmacia comunitaria entraña incluso una privatización encubierta del sistema, pues éste paga a agentes externos por servicios que podrían prestar sus profesionales. Como ocurre siempre en el sector, la falta de regulación y el letargo de las administraciones a la hora de legislar son los grandes culpables de este encontronazo. Lo ideal sería que alguna autoridad con sentido común delimitase el ámbito de actuación de cada profesión para que la sangre no llegue al río.
PREGUNTAS CON RESPUESTA
¿Qué consultora ha participado activamente en el plan director del nuevo Hospital La Paz? ¿Qué mujer de gran pasado sanitario está al frente de dicha consultora? ¿Cuánto ha cobrado por sus trabajos? ¿Más o menos de 160.000 euros? ¿Qué cargo político de gran prestigio sanitario es el gran valedor de esa mujer? ¿Qué vínculo hay entre ese cargo político, dicha mujer y el gerente del Hospital La Paz?
¿Qué relación de consanguinidad de un alto cargo de la Consejería de Sanidad de Madrid puede desencadenar el final político de Manuel Molina?
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