Los profesionales de Enfermería que desarrollan su labor en la Sanidad Penitenciaria son una figura poco conocida dentro de la sociedad y la propia Sanidad. Hombres y mujeres que realizan su trabajo con diligencia en unas condiciones en ocasiones complicadas —y muy particulares— debido a la población a la que atienden.
Dejando a un lado el delito o la acción por la que están internados, un centro penitenciario es como una pequeña ciudad en la que hay que hacer tanto atención primaria como especializada. De modo que tienen que llevar a cabo desde curas, programas de vacunaciones, programas de prevención, educación para la salud… y a la vez si existe una emergencia también tienen que actuar con un pequeño servicio de Urgencias. Por tanto, es un trabajo muy completo.
En este contexto, la promoción de la salud se convierte en una parte clave para estas profesionales y, a su vez, esencial para los internos. Sin embargo, a pesar de la importancia de su presencia la enfermera de prisiones sigue siendo una figura invisible. Invisibles incluso para las administraciones ya que todas dicen sentirse un poco abandonadas por el Estado y las Comunidades Autónomas. Y es estos compañeros y compañeras que ejercen en las prisiones están totalmente discriminados respecto a los que trabajan, por ejemplo, en un centro de salud u hospital. Tienen restringidas ciertas actuaciones comunes en Enfermería y están subordinados a otro profesional médico, en lugar de trabajar juntos y coordinados cada uno en su ámbito de actuación. Es como si se hubiera detenido el tiempo para ellos y fueran todavía los ATS -ayudante técnicos sanitaros- que fuimos y no el graduado en Enfermería. Así que desde el Consejo General de Enfermería hacemos un llamamiento a las autoridades para que se actualicen los reglamentos que rigen su labor diaria. Resulta sencillamente vergonzoso y humillante.
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