Nuestros compañeros farmacéuticos contribuyen a la buena salud de la población. La red de farmacias permite que los medicamentos lleguen a rincones remotos, a que todo el mundo tenga un establecimiento cerca cuando necesita que le dispensen un tratamiento. Son grandes profesionales, con sus competencias, su excelente formación y su vocación, que nadie pone en duda, de servicio al ciudadano. Sin embargo, conviene no olvidar que las farmacias son establecimientos comerciales privados y que, como es lógico, aspiran a obtener beneficio económico de su actividad.
La crisis económica, que no olvidemos también se cebó con la enfermería obligando a muchos compañeros a emigrar al extranjero, ha tenido un impacto en los ingresos de las farmacias. Así, ahora exploran nuevas vías de negocio y una de sus estrategias se engloba bajo el engañoso nombre de “farmacia comunitaria”. Esta autodenominación, sin respaldo legal alguno, representa -y lo decimos alto y claro- una privatización encubierta del sistema sanitario, en especial de la Atención Primaria. En los centros de salud, enfermeros y médicos prestan atención sanitaria, incluso en domicilios cuando es necesario, sin ninguna pretensión económica, sólo una vocación de ayudar al paciente.
Básicamente, las farmacias pretenden prestar servicios que ya realizan enfermeros y médicos -con gran satisfacción por parte de los usuarios, por cierto, y obviamente cobrar por ello del erario público. Aspiran a tareas como el seguimiento de pacientes crónicos, revisión de botiquines, adherencia terapéutica… Es decir que una persona que comercia con medicamentos y muchos productos de todo tipo va a implicarse en los tratamientos médicos de un ciudadano. ¿Tiene eso alguna lógica?, ¿Qué le va a recomendar a ese agradecido paciente al que visita en su casa?, ¿los productos que él mismo vende?. Se abre un peligroso camino donde confluyen intereses privados con la salud pública y eso no lo podemos consentir. Junto al Sindicato de Enfermería SATSE, en el marco de la Mesa de la Profesión Enfermera, estamos decididos a denunciar estos ataques contra la Sanidad de todos. Esperemos que la nueva ministra de Sanidad, Carmen Montón, así como todos los consejeros de Sanidad de todas las Comunidades Autónomas no caigan en lo que es un verdadero fraude y una amenaza contra la Sanidad Pública.
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