Tras sufrir el PSOE dos serios varapalos en las elecciones autonómicas de Galicia y Madrid, el Gobierno llegó en verano a la conclusión de que la puesta en marcha de severas medidas restrictivas durante las primeras olas de la pandemia de COVID no hacía más que restarle votos mientras se los otorgaba a sus rivales políticos, particularmente el PP. En la pugna dialéctica entre la palabra “libertad” que transmitía y aún transmite Isabel Díaz Ayuso y la falta de ella que se desprendía de las acciones de Pedro Sánchez y del ínclito Salvador Illa, la presidenta madrileña resultaba claramente ganadora, con el agravante de que epidemiológicamente hablando, Madrid no salía ni mucho menos peor parado que el resto de los territorios.
A pesar de decretar muchas más restricciones, la pandemia ha tenido incluso un mayor impacto en comunidades como la Valenciana, Aragón o Castilla y León, por hablar de una gobernada por los populares, con el agravante de que la economía en estos territorios ha sufrido encima un golpe mortal. Este razonamiento, el temor a que el cansancio de la población vuelva a pasarle factura en unas cada vez más cercanas y la desesperante parsimonia del Ministerio de Sanidad han sido los principales desencadenantes de una nueva tormenta perfecta que puede tener consecuencias impredecibles para el país.
El resultado de esa amalgama de pensamientos e inacciones es que España se enfrenta a esta cruenta sexta ola sin las herramientas adecuadas y con otras que llegan demasiado tarde. Por ejemplo, carece incomprensiblemente aún de la ley de pandemias que con tanto ahínco como escaso éxito viene reclamando el PP, una petición a la que, curiosamente, se han sumado hasta comunidades nacionalistas, sabedoras de que con el marco jurídico actual lo más probable es que los tribunales superiores de justicia les tumben las restricciones que realmente hay que poner en marcha para contener el virus, como ya viene ocurriendo.
Casi dos años después del estallido de esta grave crisis, España carece también de una agencia de salud pública, el Centro de Fernando Simón va siempre por detrás de los acontecimientos, y los expertos y técnicos que forman parte de la ponencia de alertas son ninguneados por tratar de alterar el discurso oficial de que aquí no pasa nada. Sus dos informes previos a la Conferencia de Presidentes pedían muchos más controles y cayeron en saco roto. En su nueva estrategia, Sánchez y Carolina Darias han echado mano de la cortina de humo de la mascarilla en exteriores, insuficiente para los expertos; han decidido acelerar las terceras dosis cuando podían haberlo hecho hace mes y medio -ya se sabía lo que venía- y han vendido un plan de primaria que es una filfa ante la que no ha tragado ni siquiera la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Cómo será de malo. Pintan semanas muy negras.
PREGUNTAS CON RESPUESTA
¿Por qué manda tanto aún María Luisa Carcedo en el Ministerio de Sanidad?
¿Qué opina Fernando Simón de que Sanidad ignorara los dos informes de la ponencia de alertas pidiendo endurecer las restricciones?
¿Qué familiar de un ex alto cargo sanitario socialista está haciendo su agosto con el Gobierno de Pedro Sánchez?
¿Qué grupo religioso ha dado la orden de limpiar de intereses espurios una conocida corporación profesional?
Autor Sergio Alonso
Fundador y director del suplemento A tu salud del diario LA RAZÓN