La imperdonable falta de previsión del Ministerio de Sanidad, su práctica inacción hasta después del 8-M y la inoperancia mostrada a la hora de adquirir los materiales y equipos de protección necesarios para afrontar la pandemia han puesto a todas las profesiones sanitarias y, particularmente a la enfermería, en una situación límite. Sólo en Madrid, alrededor de 3.000 enfermeras que trabajan en la sanidad y las residencias públicas han dado positivo en los test de coronavirus o presentan síntomas de padecer la enfermedad. Para comprender la magnitud del drama baste decir que en dicha comunidad ejercen habitualmente 13.400 profesionales de esta categoría entre primaria y especializada: en apenas un mes de crisis, la enfermería ha perdido por tanto a un 22,3% de sus efectivos, por lo que puede afirmarse que apenas queda recambio.
Aunque los ruidosos corifeos del Gobierno -guiados por su sectarismo y probablemente a la caza de alguna prebenda-, hacen gala de un falso “buenismo zapateril” y pregonan la especie de que todos debemos estar ahora unidos “porque ya habrá tiempo de pedir responsabilidades”, mientras tratan al mismo tiempo de extender la culpa de la desprotección a Madrid y sus falsos recortes y privatizaciones, lo cierto es que la mayor parte de culpabilidad de las dimensiones que ha adquirido la eclosión de casos apunta al Ejecutivo y al Ministerio que dirige Salvador Illa, autoerigido en autoridad única tras centralizarse la gestión de la crisis.
La generalización de la pandemia por toda España hasta comunidades no regidas por los populares evidencia además la falsedad de las acusaciones. Pese a conocer de primera mano el tamaño de la bola de nieve que se cernía sobre España porque lo dijeron varios organismos europeos y la OMS, el departamento apenas movió un dedo hasta después de las concentraciones feministas. Illla, por ejemplo, aseguraba pomposo semanas antes que no existían razones de salud pública para suspender el Mobile, mientras encomendaba después a su asesor científico que tranquilizara a la población con el peregrino argumento de que no iba a haber más que algún caso en España.
Cerca de cien mil infectados y camino de las 10.000 muertes después, ninguno de ellos ha dimitido. O Simón mentía entonces, o verbalizaba la incapacidad de su centro de alertas, o ambas cosas. Pero si graves son estos errores de bulto, que ponen de manifiesto la inconsistencia de las autoridades sanitarias y científicas en las que se apoya el Gobierno para hacer frente al peor desastre de Salud Pública en cien años, más aún lo son las dilaciones y fallos en la adquisición de productos de protección vitales para los sanitarios y fundamentales para los infectados más graves, como los respiradores. La afirmación no es mía, aunque la suscribo plenamente. Enfermeras de todo signo y condición denuncian estos días el riesgo que corren y apuntan a Illa como principal responsable de un desaguisado que es ya colosal.
PREGUNTAS CON RESPUESTA
¿Qué directivo de un hospital ha sido estos días acusado por algunos trabajadores del mismo de acumular material de protección en su despacho con fines poco claros?
¿Qué alto cargo del Ministerio implicado en los desaguisados de este departamento estaba a punto de jubilarse cuando le llamaron para ocupar el puesto que hoy tiene?
¿Qué dos grandes hospitales de Madrid tenían de baja a más de 800 trabajadores el pasado día 31 de marzo?
¿Qué alto cargo del Ministerio cayó en desgracia a comienzos de la crisis? ¿Tuvo algo que ver su alerta de los riesgos que había de propagarse el virus si se celebraba el 8-M?
Autor Sergio Alonso
Fundador y director del suplemento A tu salud del diario LA RAZÓN