De unos años a esta parte se ha producido a nivel comunitario una avalancha de autorizaciones de fármacos verdaderamente innovadores para todo tipo de patologías. Esta auténtica revolución terapéutica ha logrado insuflar esperanza a enfermos hasta hace poco desahuciados, prolongar su supervivencia o aportarles una mejoría que antes resultaba inimaginable. Sin embargo, el nuevo arsenal no termina de llegar a los sistemas sanitarios y, particularmente, al nuestro. Cada día que pasa arrecian las voces críticas de las asociaciones de pacientes y de los sanitarios por los retrasos injustificables que se están produciendo en la incorporación de las novedosas moléculas en los hospitales. El denominador común de estas protestas es el tinte economicista y la posible arbitrariedad que subyacen tras esa ralentización en el acceso.
A diferencia de lo que algunos pretenden hacer creer, el problema no es aislado ni responde a un legítimo derecho de frenar la voracidad recaudatoria de la industria farmacéutica. Puede que haya productos vendidos como disruptivos que, en realidad, apenas aporten ventajas con respecto a los equivalentes que ya existen en el mercado y que, pese a ello, sean mucho más caros, pero no deben pagar por ello justos por pecadores, extendiendo las restricciones a todos los fármacos, sean del tipo que sean. Y desde luego, si dichas restricciones se aplican, su autoría debe partir de órganos de carácter científico e independiente, y no de carácter político.
No es de recibo que a día de hoy la comisión de precios, integrada por representantes de las comunidades, que a la postre son las que pagan los fármacos, sea la que decida si llega antes o después un fármaco a un territorio. Desde el punto de vista económico, la tentación de los miembros de este órgano será siempre la de dilatar lo máximo posible la incorporación para que no se resientan las limitadas arcas públicas que se destinan a financiar la Sanidad. Las herramientas de las que se han dotado los “restrictores” del acceso son también múltiples y variadas. De media, los nuevos medicamentos superan los 600 días en recibir el visto bueno para su entrada en España desde que los autoriza la UE, pero el proceso suele dilatarse porque luego las autonomías implantan sus propias barreras, haciendo incluso variaciones de los informes de posicionamiento terapéutico.
A veces, el muro se coloca por medio de un visado de inspección, afectando no sólo a innovaciones como los anticoagulantes orales de acción directa o a los medicamentos de triple terapia para el asma, sino también a productos más antiguos cuya financiación se supeditó a la aplicación de un visado. Particularmente preocupante es también el rumbo que están siguiendo los revolucionarios Car-T, pese a la existencia de un plan nacional de terapias avanzadas. Urgen cambios drásticos para ponen fin a todos estos problemas.
Preguntas con respuesta
- ¿Qué alto cargo de una Consejería de Sanidad enchufó a dos familiares suyos en un hospital?
- ¿Qué condición impuso un laboratorio a un servicio regional de salud para instalarse en un parque tecnológico de dicha comunidad? ¿Está relacionada esa decisión con el alto precio que han pagado los hospitales de ese territorio por uno de sus medicamentos?
- ¿Qué conocido directivo está de capa caída y su jefe le relega cuando hay que acudir a actos importantes?
- ¿Qué alto cargo de la Consejería de Sanidad de Madrid fue el artífice de que uno de los candidatos a gerente más mediáticos quedara fuera de la selección final? ¿Por qué?
Autor Sergio Alonso
Fundador y director del suplemento A tu salud del diario LA RAZÓN