El ruido generado por los resultados de las elecciones generales y las negociaciones para la formación de un nuevo Gobierno ha logrado difuminar lo que normalmente constituiría un escándalo de dimensiones siderales. Se trata de lo que guardaban bajo las alfombras sanitarias los Ejecutivos de las comunidades que han sido relevados tras el vuelco político operado en los comicios autonómicos. Aunque ya han empezado a salir a la palestra algunas irregularidades en la mayor parte del país, el caso de la Comunidad Valenciana puede ser, posiblemente, el más paradigmático.
En su último blog, el presidente del grupo Ribera, Alberto de Rosa, se hace eco de la primera intervención del flamante consejero Marciano Gómez en las Cortes regionales. Sus denuncias, conocidas ya en el ámbito local, merecen trascender al resto del país por la gravedad de lo que se esconde tras las mismas, y hablan bien a las claras del estado real en el que se puede encontrar el Sistema Nacional de Salud (SNS), más allá de las estadísticas oficiales. En su discurso, Gómez muestra las cartas a las que se enfrenta desde su nuevo puesto. Según señala, el número verdadero de pacientes en lista de espera en su territorio es de 112.000, no los 72.000 de los que hablaban sus antecesores poco antes de dejar el cargo. Alrededor de 4.000 de ellos, por cierto, aguardaban más de 90 días para recibir tratamiento pese a padecer una patología grave.
El consejero destapó también otro hecho preocupante, que podría ser indicativo de la grave desviación económica de un sistema que amenaza con colapsar como consecuencia de su insuficiencia financiera, agravada además por el envejecimiento poblacional, la subida de los costes y los altos precios de los nuevos tratamientos. Según dijo, nada más acceder al cargo se encontró con 192.000 facturas pendientes de pago, de las que 120.000 se van a tener que abonar sin un soporte contractual.
Alberto de Rosa recoge en su blog que “son facturas en servicios y material sanitario que suponen más de 1.000 millones de euros que no están registrados en la contabilidad pública”. La realidad es que el 42% del gasto corriente se va a pagar fuera de la normativa administrativa vigente. “¿Cómo es posible que sucedan estas cosas en la era de la transparencia, la fiscalización de cuentas y el supuesto control público?”, se pregunta el presidente del Grupo Ribera, uno de los grandes perjudicados por la política sanitaria de Ximo Puig al frente de la Generalitat. La gravedad de estas cifras debería llevar al PP a auditar con lupa el estado de la Sanidad allá donde ha empezado a gobernar, analizar toda la información obtenida y dar cuenta de ella a la opinión pública para que todo el mundo sepa la dimensión del despilfarro y las consecuencias de la pésima gestión socialista allá donde se haya producido.
Preguntas con respuesta
- ¿Qué gran compañía sanitaria se siente ignorada por el Gobierno durante esta etapa de Presidencia española de la UE? ¿Por qué?
- ¿Qué alto cargo del Ministerio apreciado en el sector se encuentra desubicado y hastiado por la situación de interinidad que vive este departamento y las dudas que flotan sobre su continuidad?
- ¿Qué conocida y muy cualificada mujer está a un paso de abandonar la compañía farmacéutica en la que despliega su labor con gran éxito desde hace años? ¿Por qué?
- ¿Qué alto cargo de la Consejería de Sanidad de Madrid ha recibido la orden de sosegarse y no crear ningún incendio? ¿Por qué?
Autor Sergio Alonso
Fundador y director del suplemento A tu salud del diario LA RAZÓN