El régimen sanitario de los funcionarios encuadrados en el modelo Muface atraviesa una crisis sin precedentes. La asfixia financiera que soporta ha disparado las pérdidas entre las aseguradoras que prestan el servicio y los recortes de prestaciones que se vienen sucediendo en los últimos años han encendido por igual a sindicatos de diferentes ideologías. Todos reclaman soluciones inmediatas que frenen la pérdida de calidad de la asistencia e impidan un posible colapso. Cabe recordar que el concierto de Muface contempla un fondo de 3.571 millones de euros y una prima que se incrementará de manera progresiva hasta el 10% durante los tres años de vigencia del mismo, de la siguiente forma: en 2022 la subida fue del 8%. En 2023 ha alcanzado un 0,75% y en 2024 lo hará un 1,25%. Una mala situación de partida que data de hace varias legislaturas, el aumento de los costes provocado por la disparada inflación, el incremento de la siniestralidad de la población a proteger por el envejecimiento de las plantillas y las bajas tasas de reposición, y el encarecimiento de los propios servicios sanitarios, con terapias más modernas y a la vez más caras, han convertido a este sistema en un polvorín. Para colmo, los salarios de los profesionales que ejercen en el modelo tampoco se elevan apenas, lo que siempre es desincentivador.
La pregunta del millón es, ¿qué hacer? En puridad, Muface, Mugegu e Isfas fueron desde su puesta en marcha tres anacronismos dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS). Por el mero hecho de ser funcionarios de la Administración Civil del Estado, de la Administración de Justicia y de las Fuerzas Armadas pueden elegir libremente entre recibir asistencia en la sanidad pública o la privada, un derecho del que se benefician alrededor de dos millones de mutualistas y beneficiarios, y del que no pueden disfrutar en cambio el resto de los mortales, lo cual alteraría la igualdad sanitaria que ha de inspirar la Sanidad de este país. Dicho esto, lo cierto es que una vez ya instaurado, el remedio de su posible eliminación podría ser peor que la enfermedad que se trataría de combatir. Si desaparece Muface, la sanidad privada dejaría también de existir en provincias enteras. Un ejemplo claro es Salamanca. Además, la población protegida que escoge la privada -más de un 80% del colectivo- pasaría a engrosar las filas de la Sanidad pública, lo que abocaría a esta última al colapso, aunque el tránsito fuera acompañado de la correspondiente financiación. ¿Se imagina alguien lo que ocurriría si alrededor de 1,6 millones de mutualistas engordaran de la noche a la mañana las ya abultadísimas listas de espera del sistema público, y en las que ya figuran 819.964 enfermos sólo para una operación? ¿Qué pasaría también con los sanitarios y las enfermeras que ahora ejercen en Muface? ¿Los incorporaría la Sanidad pública o quedarían condenados al paro? El dilema es, desde luego, colosal.
Preguntas con respuesta
- ¿Qué efecto dominó puede producirse en la industria farmacéutica con una decisión que va a trascender a la opinión pública después del Puente?
- ¿Qué conocido médico con experiencia corporativa ha sido sondeado para formar parte de la nómina de altos cargos del Ministerio de Sanidad?
- ¿Existe alguna posibilidad de que un ex alto cargo muy cuestionado por la industria farmacéutica regrese al Ministerio?
- ¿Qué colectivo sanitario de enorme peso se alió con la consejera de Sanidad de Madrid para apartar a Juancho Fernández Ramos de este departamento?
Autor Sergio Alonso
Fundador y director del suplemento A tu salud del diario LA RAZÓN