Querido lector de esta tribuna siempre crítica con el poder establecido. Cuando le vendan a través de todo tipo de altavoces mediáticos que la Sanidad pública será reforzada, hasta convertirse en más equitativa, cohesionada y hasta solidaria, sepa que el aserto es falso y que puede que intenten tomarle el pelo. Ya podía intuirse tras una simple lectura de la norma que con este supuesto fin aprobó el Gobierno y ha empezado ahora a tramitarse en el Congreso.
La ley de la equidad es un brindis al sol con la que Pedro Sánchez ha tratado de agradar a la vez a sus socios nacionalistas y vascos, y a la izquierda radical encarnada en Unidas Podemos, enfadando sin embargo a los dos porque no concede a ninguno lo que estaba pidiendo. Espolvorea, eso sí, algo de lluvia fina y algo ácida sobre la Sanidad privada, pero sin rematarla para no molestar a los partidos nacionalistas, en cuyas comunidades la colaboración público-privada ha sido siempre santo y seña y, por tanto, algo intocable.
Afortunadamente, y a expensas de las enmiendas, deja todo en manos de las autonomías y, vista la nefasta experiencia reversora de la Comunidad Valenciana, parecen pocas las dispuestas a dar ahora el salto al vacío. Tampoco arregla nada el anteproyecto de ley de Presupuestos para 2023, lo que sorprende, al tratarse de un año electoral (municipales, autonómicas y generales), en el que la Sanidad y su gestión saltarán a la palestra con profusión de detalles.
La normativa presupuestaria castiga a los ricos y a las clases medias, las grandes pagadoras, pero lo recaudado por esta vía irá a financiar íntegra la partida de gasto militar, que es la que más sube, lo cual es razonable, a la vista del color que está adquiriendo la guerra entre Rusia y Ucrania, pero poco beneficioso para la Sanidad, que se quedará una vez más con las migajas. Los corifeos del Gobierno ya están haciendo al juego a la ministra María Jesús Montero y repiten hasta la saciedad que seis de cada diez euros consignados en las cuentas públicas se destinarán al gasto social, lo cual es cierto, pero la afirmación encierra una importante trampa. Al igual que ha sucedido durante los últimos años con gobiernos socialistas y populares, dicha inversión sí tiene fines sociales, pero el grueso de la misma irá a parar a la financiación de las pensiones, cuyo crecimiento superará con creces al de los salarios.
El caso es que el pago de las jubilaciones absorberá la mayor parte de ese gasto social, dejando a la Sanidad con mucho menos de lo que necesita a la vista de las vergüenzas que destapó la pandemia. Súmenle a esto los 31.275 millones que se destinará al pago de los intereses de la monstruosa deuda que están generando Pedro Sánchez y su séquito, y llegarán a la conclusión de que los que dicen que los presupuestos apuntalan la Sanidad pública mienten como bellacos.
Preguntas con respuesta
- ¿Qué nombramiento intentará no hacer Carolina Darias mientras permanezca en el Gobierno?
- ¿Qué gerentes de hospitales madrileños a los que les toca jubilarse permanecerán en el cargo hasta que lleguen las elecciones autonómicas?
- ¿Qué laboratorio prepara fuertes recortes al empeorar notablemente su cuenta de resultados y su perspectiva de negocio?
- ¿Qué corporación profesional quiere cortar la mayoría de sus vínculos con el pasado y hacer tabula rasa? ¿Por qué?
Autor Sergio Alonso
Fundador y director del suplemento A tu salud del diario LA RAZÓN