Las últimas estadísticas sobre listas de espera correspondientes al 31 de diciembre de 2022 han supuesto un jarro de agua fría para los ingenuos que pensaban que el Gobierno y sus autonomías afines se estaban batiendo el cobre en el fortalecimiento de la sanidad pública y para los bienintencionados que proclaman que la gestión directa es la mejor vía para alcanzar la eficiencia en la atención de los enfermos. Los demoledores datos recopilados por el Ministerio de Sanidad no sólo revelan una cifra récord de pacientes que aguardan una intervención quirúrgica en toda España, 793.521 -88.524 más que cuando llegó Pedro Sánchez al Gobierno-, sino también un aumento del tiempo medio para someterse a la operación, lo que es más grave, que en apenas seis meses ha pasado de 113 a 122 días en el conjunto de las especialidades.
También ponen de manifiesto que la vituperada Madrid de Isabel Díaz Ayuso gestiona con mucha mayor eficiencia que el resto de las comunidades los recursos sanitarios a su alcance: con un presupuesto per cápita inferior al de otros territorios opera en menos de la mitad de tiempo a los enfermos que autonomías socialistas como Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura o La Rioja; que la nacionalista Cataluña y que las también populares Andalucía y Castilla y León. ¿Qué hay que hacer, a la vista de todo ello para revertir esta grave situación? La primera opción es no hacer nada, que es justamente lo que se ha hecho hasta ahora, lo que degradará aún más el sistema en el futuro. La Sanidad pública seguirá siéndolo, pero convertida en una sanidad de beneficencia, incapaz de absorber la demanda creciente de asistencia. La segunda opción es copiar paso por paso lo que está haciendo Madrid, lo que no parece probable que ocurra, dado el nivel de sectarismo imperante en el debate político-sanitario. La izquierda jamás reconocerá que Díaz Ayuso y sus huestes pueden darle lecciones justo en el terrero en el que más asegura destacar: la gestión de lo público. La tercera opción y, quizás, la más factible, es convocar un pleno monográfico del Consejo Interterritorial de Salud sobre listas de espera para aprobar en él un plan de choque que imprima un giro de 180 grados a la actual tendencia.
Con toda probabilidad, esta será la vía que tomará cuerpo, pero nadie espere de este encuentro las medidas revolucionarias que harían falta para devolver el vigor al sistema público. La dimensión de las cifras publicadas debería mover a las autoridades a generalizar los conciertos con la sanidad privada para que actúe como descarga, y a reformar de arriba a abajo leyes obsoletas que lastran el funcionamiento del modelo público. Me refiero, en concreto, al Estatuto Marco de los profesionales sanitarios. Desgraciadamente, nadie tendrá redaños para hacerlo por temor a desatar la ira sindical.
Preguntas con respuesta
- ¿Cómo es posible que Sanidad no difunda en nota de prensa las cifras de la lista de espera y lance en cambio un comunicado el mismo día sobre un memorando de entendimiento firmado con Moldavia?
- ¿Qué ideólogo sanitario socialista con pasado gestor está abonando el terreno al Gobierno para aprobar medidas draconianas en materia farmacéutica? ¿Cómo lo hace?
- ¿Qué informes preocupantes sobre un aspirante a gerente de hospital en Madrid han llegado antes de Semana Santa a la Consejería de Sanidad? ¿Por qué habla uno de ellos del posible vínculo del aspirante con el partido comunista de un país extranjero?
- ¿Qué mujer casi desconocida en Madrid es la referencia a la que se dirigen muchos sanitarios del PP con aspiraciones políticas para acercarse a Alberto Núñez Feijóo?
Autor Sergio Alonso
Fundador y director del suplemento A tu salud del diario LA RAZÓN