El absentismo laboral se ha convertido en un problema económico-sanitario de primer orden. Randstad revela por ejemplo que en el tercer trimestre de 2023 la tasa repuntó un 6% y que 281.500 empleados faltaron cada día a su puesto de trabajo en ese periodo sin contar con la preceptiva baja. El brutal impacto que estos y otros datos generan sobre la productividad y los costes empresariales tiene una génesis variada, figurando como algunas de las causas la existencia de una legislación laxa, la picaresca y a veces la sobrepresión que ejerce el mercado laboral sobre los trabajadores que se mueven en su órbita. No hay que desdeñar tampoco el deterioro general que sufre la Sanidad.
Los tiempos de espera para acceder al médico de familia y al especialista, para la práctica de pruebas diagnósticas y para las intervenciones quirúrgicas se sitúan en niveles récord y alargan hasta niveles inexplicables la duración de los procesos, con el consiguiente perjuicio para la economía del país. En su informe sobre el Absentismo Laboral derivado de la Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes, la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) -patronal del sector-, el número total de bajas laborales iniciadas aumentó en septiembre de 2023 un 12,02% con respecto a los datos de septiembre de 2022, lo que equivale a 436.408 bajas más, y el total acumulado de los gastos derivados ascendió a 1.480 millones de euros más en los nueve primeros meses de 2023, con respecto al mismo periodo de 2022. AMAT ofrece una cifra descriptiva de la situación: 1,138 millones de trabajadores diagnosticados con una patología traumática tardan un mes más de lo necesario en recuperar su salud y reincorporarse al trabajo, lo que es malo para ellos, el tejido empresarial y el conjunto del país.
¿Qué solución hay para arreglar tamaño problema? Las propuestas son múltiples, pero las medidas para hacerlo son inexistentes. Posiblemente, lo primero de todo pasaría por remozar el sistema sanitario, agilizar los procesos y acortar los tiempos de respuesta ante las enfermedades. Es muy probable que a la pujanza económica de Madrid contribuya su celeridad en asistir a los pacientes en comparación con otras comunidades. También cabría la posibilidad de reforzar la red asistencial con los recursos con los que cuentan las propias mutuas, en tanto que son entes adscritos a la Seguridad Social, y que hoy se encuentran infrautilizados. Particularmente en procesos traumatológicos, que figuran entre los de mayor duración. Y una tercera vía de mejora pasaría por conceder a las mutuas la posibilidad de dar el alta, a efectos económicos, a los trabajadores que están de baja por decisión de su sistema sanitario, atendiendo a criterios sanitarios y no económicos. Pero no hay visos de que prospere esta vía en tiempos de turbulencia política como los que vivimos.
Preguntas con respuesta
- ¿Qué colectivo sanitario de una autonomía está muy enfadado con el Ministerio de Sanidad por una decisión que creen que les discrimina?
- ¿Qué decisión en la que no ha intervenido Sanidad golpeará duramente a una compañía sanitaria muy asentada en España si no hay marcha atrás?
- ¿Qué dircom sanitaria ha sido fulminada por la institución en la que trabaja?
- ¿Qué alto cargo del Ministerio está bajo la lupa de Mónica García y de su número 2? ¿Por qué?
Autor Sergio Alonso
Fundador y director del suplemento A tu salud del diario LA RAZÓN