Cuando apenas quedan quince meses para que concluya el actual curso legislativo, las notas sanitarias que acumula el Gobierno no pueden ser más negativas hasta ahora. Es cierto que la pandemia de COVID-19 jugó en contra de Pedro Sánchez y su equipo desde el principio. La falta de materiales de protección durante los primeros meses de 2020 tras la parsimonia inicial de la autoridad sanitaria, los patinazos inexplicables de Salvador Illa y de Fernando Simón, y los pésimos resultados epidemiológicos que se obtenían pese a decretarse uno de los mayores confinamientos de todo el planeta pusieron en contra de Moncloa y del Ministerio de Sanidad a todos los sanitarios del país, empezando por los colegios profesionales y siguiendo por las sociedades científicas.
Nunca antes un Gobierno había sido tan vilipendiado como éste por los trabajadores del sector. El paso del tiempo y la amortiguación del COVID-19 tras las sucesivas olas no ha mejorado mucho las cosas, sino más bien todo lo contrario. La Sanidad, de hecho, ha tenido mucho que ver en las debacles sufridas por el PSOE en los comicios de Galicia, Madrid y, más recientemente, Andalucía, autonomías en las que no calaron ni la cantinela antigua y trasnochada de la privatización -totalmente falsa, por cierto-, ni las proclamas también falaces contra los líderes populares, sobre todo contra Isabel Días Ayuso.
Consumado el desastre en estos feudos, el balance sanitario con el que el PSOE afronta el último periodo de su mandato es terrorífico a efectos electorales. Desde el lado profesional, el partido que respalda al Gobierno tiene en contra a la enfermería, que acaba de protagonizar una protesta histórica convocada por el Consejo General y el Sindicato SATSE, y a los facultativos. Aunque parezca más calmada que al principio de legislatura, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) de Tomás Toranzo está harta de las afrentas a la profesión y a los MIR, y no sería descartable que hubiera también una gran manifestación de batas blancas. Tampoco andan contentos los farmacéuticos, ninguneados por Sanidad durante la pandemia con Nodofarma, la estrategia de salud pública y otras cuestiones de índole no menor. Desde el punto de vista empresarial, este Ministerio ha logrado lo que ningún otro: que todos los agentes del sector bramen contra la directora general de Farmacia, Patricia Lacruz.
A esas alturas, resulta difícil oír hablar bien de ella y del propio Ministerio a una compañía innovadora o de genéricos, de medicamentos biológicos o de biosimilares, amén de a los propios farmacéuticos y a los distribuidores de fármacos, que ven una mano negra -con toda la razón- detrás de las maniobras de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Tal es el malestar contra el Ejecutivo, que no son pocas las organizaciones tradicionalmente afines a la izquierda que deslizan críticas contra sus planes en primaria o la reducción de las listas de espera. Si sigue así, el PSOE no tendrá apenas votos sanitarios.
Preguntas con respuesta
-¿Qué compañía farmacéutica va a ser denunciada por una organización profesional? ¿Por qué motivo?
-¿Qué hospitales de Madrid empiezan a tener problemas en su quirófanos por la falta de repuestos en el mercado de las máquinas que emplean para operar?
-¿Qué ex ministra tiene un alto predicamento ante los actuales altos cargos del Ministerio de Sanidad?
-¿Qué personaje que trabaja en una multinacional farmacéutica es muy mal visto entre algunos gerentes por la información que tienen de su pasado?
Autor Sergio Alonso
Fundador y director del suplemento A tu salud del diario LA RAZÓN